En noviembre de 2020, la Guardia Civil, dentro del marco de la operación ‘Fertipas’, desarrollada en las provincias de Ciudad Real (en concreto, en el Valle de Alcudia); Murcia; Alicante y Toledo, detuvo a dos personas e investigó a 143 como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental, estafa, tenencia ilícita de armas y organización criminal para el cobro ilegal de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). El presunto fraude fiscal podría superar los 20 millones de euros en cuatro años, informaron desde la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real.
Agroinformación publica que cuatro años después la justicia ha decretado de nuevo el sobreseimiento provisional de las actuaciones al considerar que todo lo que hicieron los acusados, en su mayoría ganaderos, no solo se ajustaba a derecho sino que era “una práctica habitual, consentida por la Administración o, al menos, no prohibida expresamente hasta el 1 de enero de 2019”.
Juzgado n.º 2 de Puertollano
Según se recoge en la sentencia del Juzgado n.º 2 de Puertollano, el SEPRONA, acusaba a seis personas de conformar desde hace algunos años un grupo organizado dedicado a captar y conseguir agricultores y ganaderos a lo largo de la geografía nacional.
Después de veintidós meses de instrucción, la sentencia señala que “debemos concluir, analizando al detalle y sopesando cuantas diligencias se han practicado, que no disponemos de indicios suficientes de criminalidad contra ninguno de los investigados por ninguno de los delitos que son objeto de instrucción, o al menos no tenemos indicios tan nítidos como para proceder conforme al art. 779.1 4ª de la LECRIM -Ley de Enjuiciamiento Criminal-”.
Un centenar de ganaderos investigados
De igual forma, se recoge que “cierto es que el centenar de ganaderos investigados por el SEPRONA han obtenido las subvenciones de la PAC desde 2015 a 2019, bajo la dirección y/o con la colaboración de algunos o todos los investigados. No obstante, no puede concluirse -al menos no con la seguridad que exige la imputación penal- que estas ayudas comunitarias se hayan conseguido falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido”.
De hecho, la sentencia recoge que gracias a las declaraciones testificales de algunos propietarios de las tierras cedidas o arrendadas, practicadas el 31 de agosto de 2022 en sede judicial o en sede notarial en la escritura pública de 26 de julio de 2022, incorporada a los autos el 1 de septiembre de 2022, “hemos podido verificar que los contratos de cesión o arriendo son auténticos: cada propietario puso sus tierras a disposición efectiva de los ganaderos titulares de los derechos de la PAC, mientras que estos pagaron a aquellos el canon o renta correspondiente”.
La propia sentencia destaca que “no obstante, esta conducta, por sí sola, no es suficiente para integrar el tipo penal del art. 308 del Código Penal, habida cuenta de que, según hemos podido averiguar gracias a las diligencias acordadas, se ha tratado de una práctica habitual, consentida por la Administración o, al menos, no prohibida expresamente hasta el 1 de enero de 2019, fecha en que entra en vigor el Anexo XV del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural”.
En este sentido, la declaración de testigo-perito de la Subdirección General de Ayudas Directas del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) aclaró y confirmó lo que ya se había adelantado en el primer auto de sobreseimiento provisional: las conductas desarrolladas por los ganaderos policialmente investigados en este procedimiento se ajustaron a la legalidad administrativa hasta el 1 de enero de 2019.
