La Guardia Civil ha esclarecido varios delitos contra la propiedad industrial en el ámbito agrario relacionados con el comercio ilegal de variedades protegidas de cereal.
Han detenido a dos personas e investigado a otras catorce por este comercio ilícito, así como por delitos de estafa y fraude fiscal
La operación Kernel-Seeds se inició el pasado mes de diciembre tras una denuncia interpuesta por una empresa que ostentaba los poderes para garantizar los derechos de propiedad industrial de diferentes variedades de cereal.
Empresas de las provincias de Ciudad Real y Jaén
Mediante esta denuncia se ponía en conocimiento de la Guardia Civil la comisión de varios delitos llevados a cabo por empresas de las provincias de Ciudad Real y Jaén, consistentes en actos de reproducción, acondicionamiento, fabricación y venta de variedades de semillas protegidas.
Estas empresas no disponían de autorización para la comercialización y venta de estas variedades, ni eran empresas de multiplicación de semillas certificadas, por lo que la única manera de vender estos productos a los agricultores para la siembra era camuflarlos como pienso para animales.
Tras llevarse a cabo una investigación por parte de la Benemérita, se obtuvieron las pruebas necesarias para demostrar la autoría de los hechos denunciados, ya que durante la realización de varias inspecciones en las empresas investigadas se pudieron constatar infraganti acciones ilegales por las que habían sido denunciados.
Una vez analizada toda la documentación se pudo acreditar que las respectivas compra-ventas de grano para la siembra no estaban siendo declaradas a la Hacienda Pública, por lo que también se estaba incurriendo en un delito de fraude fiscal.
Según la legislación vigente el único material para la siembra que puede ser objeto de comercio es la semilla certificada, que deberá llevar para garantizar su legalidad una etiqueta oficial de color azul o roja según su categoría.
La venta de grano para la siembra es una actividad ilícita que conlleva severas sanciones que pueden alcanzar los 300.000 euros cuando se trata de variedades sin protección; y un delito con pena privativa de libertad de hasta tres años en el caso de las variedades protegidas.
Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).
