La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha advertido que los agricultores se encuentran con muchas dificultades y una gran problemática a la hora de contratar trabajadores en campaña de recolección y con la vendimia en el horizonte.
Suplantaciones de identidad
Desde la organización agraria señalan que en el tema laboral una de las principales demandas y denuncias se centra en las suplantaciones de identidad, así como en las falsificaciones de documentación.
“Llevamos ya unos años detectando que los demandantes de asilo por razones humanitarias se les autoriza a trabajar y vienen con unas tarjetas que son muy fáciles de falsificar”, indican desde UPA.
De hecho, indican que “el 90 por ciento de las personas que pasan por las oficinas las suelen tener falsas. Pero claro, el inconveniente de esta situación es que los únicos que pueden detectar si son falsas, son las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y, sobre todo, las brigadas de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía”.
Por ello, reclaman más control sobre una serie de fraudes, como la suplantación de identidades, falsificación documental y empresas fraudulentas que “perjudican mucho a los agricultores, responsables finales de estas actuaciones, cuando son los primeros estafados”.
Inspección de Trabajo
Añaden que si desde la Inspección de Trabajo se detecta que una persona está trabajando sin documentación e incluso sin permiso de trabajo se genera “un problema complicado” porque las sanciones que pueden recaer sobre los agricultores ascienden a 10.000 euros.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha solicitan que la Administración tenga en cuenta que el agricultor es el primero que ha sido engañado, pues “los profesionales del sector solo quieren recoger sus productos con normalidad y, por supuesto, cumplir con la legalidad”.
UPA insiste que, como en otras ocasiones, se deben dirigir las actuaciones contra quien actúe de mala fe y de manera ilegal, porque además de falsificación documental es un delito “y es el agricultor quien ha sido engañado”.
También advierten sobre la creación de empresas de cesión de mano de obra, autodenominándose ‘Empresas de trabajo agrícola’, “algo no conforme con el Estatuto de los Trabajadores”.
“Se da la circunstancia de que algunas personas se constituyen como Sociedad Limitada o, incluso, como autónomo solicitando un código de cuenta de cotización como empresa agraria y contratan personas que, posteriormente ofrecen en las explotaciones de la región. Bajo la mentira de que son ETT, cuando realmente no lo son”, apuntan.
