Unión de Agricultores de Galicia-Comisiones Agricultoras ha denunciado que la Seguridad Social ha cobrado a los agricultores las prestaciones por desempleo ya abonadas por las mutuas de conformidad con la Ley General de la Seguridad Social.
Señalan que durante el mes de septiembre, la Tesorería General de la Seguridad Social ha estado enviando escritos a trabajadores autónomos agrícolas reclamando cantidades de dinero correspondientes a cuotas de cotización de distintos periodos entre los años 2019 y 2021, en los que estuvieron de baja durante más de 60 días. El pasado viernes 29 de septiembre la Seguridad Social cargó estas aportaciones en las cuentas de las personas trabajadoras.
Sin embargo, las aportaciones que ahora reclaman fueron abonadas en su momento por las mutuas, que tuvieron que hacerse cargo de ellas en virtud una nueva normativa que establecía que las mutuas se harían cargo de las aportaciones de los autónomos a partir del día 60 de incapacidad temporal.
Mutuas
Desde la Unión de Agricultores de Galicia-Comisiones Agricultoras (SLG-CCLL) están trabajando para reclamar a las mutuas y a la Tesorería General de la Seguridad Social que sean las primeras quienes se hagan cargo de estas aportaciones.
Detallan que “si bien el texto de la Ley mencionaba que se harían cargo de esta cobertura con las cuotas por cese de actividad, la redacción de la misma no vincula el derecho a la cotización por cese de actividad. Sin embargo, tanto las mutuas como la Tesorería General de la Seguridad Social ignoraron esta interpretación y están exigiendo cantidades diferentes de dinero a los agricultores que no tenían esta cobertura y estuvieron en paro más de dos meses entre 2019 y 2021”.
La redacción actual del texto legal se ha vuelto más clara a partir del año 2022 y la resta da cobertura a todos los trabajadores, aunque no estén cotizando con derecho a cese por actividad.
Por tanto, consideran “totalmente inapropiado” que tanto las mutualidades como la Tesorería General de la Seguridad Social cobren a los agricultores las aportaciones que ya habían abonado en su día, optando tanto la Administración como las propias mutualidades por una interpretación de la normativa a favor y en contra de los trabajadores
Añaden que esta situación “de desamparo” se ve agravada por la obligación de relacionarse electrónicamente con la Seguridad Social, que impide acudir personalmente a las oficinas para recibir información sobre su situación o realizar cualquier trámite, como aplazamientos o reclamaciones.
Además de dificultar su relación con la administración pública, la exclusión del derecho a ser atendido personalmente hace que muchos autónomos se vean obligados a recurrir a servicios externos con un coste económico para realizar estos trámites. lo que en la práctica significa una mayor privatización de un servicio público.
