El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la nueva Ley de la Cadena Alimentaria. Una norma que deberá servir para cambiar la forma de operar en la cadena alimentaria, restableciendo el equilibrio perdido por unas relaciones de fuerza y capacidades de negociación “totalmente asimétricas” durante décadas.
La nueva Ley marca las siguientes obligaciones y exigencias:
-Prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de toda la cadena.
-Prohibición expresa de vender por debajo los costes de producción de los agricultores y ganaderos. Se incluye una referencia expresa a que en todo caso el precio que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser superior al total de costes asumidos por el productor.
-En los contratos de compraventa se podrán referenciar los precios a determinados índices que incluyan los costes de producción.
-Se endurecen las sanciones y se permite que se hagan públicas.
-Se reconoce a las asociaciones y organizaciones representativas de operadores de la cadena alimentaria como titulares de intereses legítimos colectivos, por lo que estarán legitimadas para denunciar e intervenir en los procedimientos sancionadores.
-Se crea un registro digital de contratos alimentarios que afectan a productores primarios.
-Se amplía el ámbito de la Ley al canal HORECA.
-Se amplían las funciones del Observatorio de la Cadena, que tendrá ahora un papel fundamental en la información sobre formación de precios. Este órgano publicará periódicamente índices de precios y de costes de producción.
Las prohibiciones y sanciones resultan aplicables a las relaciones comerciales de operadores españoles con los de otros países (UE y no UE).
Una Ley para acabar con los abusos
Para UPA, la nueva Ley llega en “un momento crítico” para el sector productor, con los costes de producción disparados y amplios sectores en una situación “límite” y movilizándose. “Es en momentos como éste en los que esta Ley se pondrá a prueba. Debemos lograr que los costes se repartan a lo largo de los diferentes eslabones y que no los asuma siempre el primer eslabón”, aseguran desde la organización agraria.
UPA ha pedido poner en marcha una campaña de explicación de la nueva Ley, con una campaña de concienciación de todos los agentes de la cadena alimentaria. “Debe explicarse el alcance de las reformas y activar un plan de inspección y control que asegure su cumplimiento inmediato”. También exigen que el Observatorio de la Cadena realice los informes y estudios a los que la nueva Ley le obliga y que identifique los costes medios de producción y su evolución de los principales sectores productivos.
UPA también ha apuntado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y a las Comunidades Autónomas: “son ellas las que deben vigilar y hacer cumplir la Ley. Ahora tenemos los mecanismos, es el momento de ponerlos a prueba y proteger de una vez por todas a los pequeños y medianos agricultores en España”.
