Unanimidad en contra de las gasolineras desatendidas en Castilla-La Mancha

CERMI, FACUA, CAVE, CCOO-Industria y FICA-UGT piden una reunión con el Gobierno regional para advertir de sus consecuencias

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI); FACUA CLM; la Confederación de Asociaciones Vecinales y Consumidores de CLM (CAVE); CCOO-Industria CLM y la Federación de Industria Construcción y Agro de UGT CLM han solicitado este viernes una reunión al vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, con el que quieren abordar “a la mayor brevedad posible” la situación del sector de Estaciones de Servicio de Combustible en la región.

Entre otras cuestiones, los responsables regionales de CERMI, FACUA, CAVE, CCOO-Industria y FICA-UGT quieren contrastar con el vicepresidente el grado de cumplimiento de la regulación autonómica actual del sector, así como conocer de su mano las líneas fundamentales de la nueva normativa en elaboración por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde hace dos años; y plantearle al respecto las propuestas de las cinco entidades, “muy preocupadas” por la proliferación en la región de estaciones de venta y suministro de combustible totalmente desatendidas.

“Pese a que el decreto autonómico de vigente, el 33/2005, obliga a que cada estación de servicio disponga en la propia instalación, mientras permanezca abierta y en servicio, al menos de una persona, desde 2014 a 2019 se han abierto en Castilla-La Mancha 329 nuevos puntos de venta de carburantes, que deberían haber generado 1.645 nuevos puestos de trabajo y sin embargo solo han generado 12. Eso significa que la mayoría de estas nuevas gasolineras abren sin personal ninguno”, advierten desde CCOO.

A los efectos negativos de la apertura de gasolineras sin personal sobre el empleo y la economía de la región añaden que “la competencia desleal frente a las que sí cumplen la normativa; además de no garantizar los derechos de las personas consumidoras y en especial de las personas con discapacidad; poner en riesgo la seguridad de las propias instalaciones y la de sus usuarios y trabajadores; e incidir en la despoblación del medio rural”.

 

 

 

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